Pedimos diálogo para establecer las medidas adecuadas a llevar a cabo dependiendo de cada sector
Las medidas de ahorro, y eficiencia energética recogidas en el art. 29 del Real Decreto ley 14/2022 publicado el pasado 2 de agosto afectan de manera muy significativa al metal madrileño.
El sector del metal deberá adaptar en un corto espacio de tiempo, la climatización de sus locales y oficinas, instalar sistema de cierre de sus puertas de acceso al exterior, instalar carteles o pantallas informativas sobre su climatización y adelantar en muchos casos, las inspecciones de eficiencia energética hasta dos años, con el importante perjuicio económico que esto traerá para el sector en un momento de incertidumbre y dificultades económicas, teniendo en cuenta que todas estas adaptaciones serán durante un periodo corto de tiempo, hasta noviembre de 2023, pero que deben de realizarse de manera inmediata.
Desde la Asociación de Empresas del Metal de Madrid destacamos la precipitación y falta de diálogo con los sectores y con las CC.AA. que serán las garantes del cumplimiento del Real Decreto ley. La publicación de la normativa en época estival, con precipitación, sin una negociación previa y sin consultar a todas las partes, trae un importante malestar pues el Real Decreto ley establece medidas, pero sin concretar por sectores el nivel de afectación y dejando a las CC.AA. su interpretación en cuanto al cumplimiento y sanciones de las mismas.
Se debe tener en cuenta que no se ha cuantificado el ahorro energético que se pretende alcanzar, y mucho menos la repercusión económica que conllevará a las empresas, así como la dificultad de cumplir los plazos de puesta en marcha de cada una de las medidas, al estar en periodo vacacional tanto empresas como proveedores. Las empresas del metal madrileñas ya han tomado importantes medidas para reducir su consumo energético en los últimos tiempos debido a los altos costes de la energía y consideran que las medidas establecidas no aportan ninguna mejora para el sector.
Por todo ello, AECIM rechaza las medidas establecidas y solicita una revisión y aplazamiento de las mismas, así como un diálogo con sectores y CC.AA. con el fin de determinar cuáles son las medidas adecuadas en función del sector, características, ubicación y consumos energéticos de las empresas.
